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  • El breve espacio

Protección legal a trabajadores de la salud

Atiende el Congreso problemáticas que afectan a los héroes de la salud y al pueblo sonorense

Por mayoría aprueban retirar del orden del día punto relativo al dictamen con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.



Hermosillo, Son., mayo 26 de 2020.- Con la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y el Decreto que reforma el Código Penal y la Ley de Salud, el Congreso del Estado atiende de forma expedita, decidida y permanente, diversas problemáticas que aquejan a los trabajadores de la salud y, en general al pueblo sonorense, a consecuencia de la pandemia por el virus COVID-19 y las futuras emergencias que pudieran presentarse.

Al inicio de la sesión, la presidenta de la mesa directiva, María Magdalena Uribe Peña, sometió a consideración de la asamblea un orden del día alterno con las firmas de 17 diputados, a efecto de omitir el punto cuatro relativo al dictamen de reforma electoral, propuesta que fue aprobada por mayoría. En este punto se incluía además un voto particular de los diputados Gricelda Lorena Soto Almada, Héctor Raúl Castelo Montaño y Norberto Ortega Torres.

En el desarrollo de la penúltima sesión del periodo ordinario prorrogado, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, presentó la iniciativa con proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con un enérgico llamado al respeto de nuestros héroes de la salud, por considerar lamentable que para el 19 de abril, la CONAPRED ya había recibido 140 denuncias por discriminación derivada de la emergencia sanitaria, de las cuales más del 25 por ciento fueron interpuestas por personal de salud.

Se trata de una norma que toma de base las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a efecto de que quienes habitan el Estado, tengan lo mínimo indispensable para su subsistencia. Propone que, en casos de emergencia o excepción, como el que actualmente nos encontramos, los gobiernos estatal y municipales deberán encargarse, sin mayor trámite, de garantizar la subsistencia alimentaria de los grupos más vulnerables de la población.

“Las medidas generales de aislamiento y distanciamiento social han exacerbado la precariedad a los grupos de mayor vulnerabilidad, como las personas que viven en condición de pobreza, los adultos mayores y personas con capacidades diferentes”, dice en otro de los considerandos que hace referencia el Decreto emitido el pasado 25 de marzo por la titular del Poder Ejecutivo estatal, en el cual menciona los programas alimentarios para los que se encuentran en extrema vulnerabilidad.

Lo que se busca al aprobar esta Ley es tener una política permanente que garantice el derecho humano fundamental de acceso a la seguridad alimentaria y nutricional, dice la parte expositiva.

“Proponemos reformar el Código Penal del Estado de Sonora para establecer penas específicas en contra de aquellos que agredan o discriminen al personal de salud, así como en contra de aquellos que causen daños en hospitales o centros de salud que brinden atención durante una emergencia sanitaria”, establece uno de los considerandos del Decreto aprobado junto con la Ley.

Se modificó la denominación del Capítulo IV del Título Cuarto del libro segundo para quedar como sigue: Delitos cometidos contra servidores y funcionarios públicos, así como los artículos 164, 165 y 175 BIS, párrafos primero y cuarto, y se adiciona el Artículo 164 BIS.

Adicionalmente se aprobaron reformas a la Ley de Salud, con la finalidad de establecer medidas y beneficios que protejan no sólo al personal de salud, sino a sus dependientes, por lo cual se brindará a quienes prestan sus servicios durante la emergencia sanitaria, un bono extraordinario de cuando menos el cinco por ciento de su salario y la habilitación de alojamientos o albergues mientras transcurre la epidemia para mantener a salvo a sus familias de posibles contagios.

Además, dotación completa y suficiente de equipo de protección para evitar contagios, pago de bono extraordinario para apoyo de alimentos o vales de despensas, ayuda para cuidados de dependientes que lo requieran, como pueden ser guarderías; garantía de servicio médico integral en caso de que enfermen en cumplimiento de su deber; indemnización de cuando menos cinco mil días de salario en caso de muerte; e incapacidad total a consecuencia de la enfermedad transmisible, entre otros.

En la Ley de Salud también se actualizan las obligaciones sobre vigilancia de enfermedades transmisibles y notificaciones inmediatas a la autoridad sanitaria en cuanto se detecten aquellas que motiven o hayan motivado una declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, o declaración de contingencia o emergencia sanitaria epidemiológica dictada por autoridad estatal o federal.

En el desarrollo de esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó un Decreto que autoriza a la Gobernadora del Estado a afectar las participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que permitirá que trabajadores de universidades tecnológicas del Estado de Sonora puedan incorporarse voluntariamente al régimen obligatorio del IMSS.

De la misma manera, el Poder Ejecutivo estatal se constituirá en obligado solidario de los siguientes organismos públicos descentralizados denominados: Universidad Tecnológica de Etchojoa, Universidad Tecnológica de Guaymas, Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, Universidad Tecnológica del Sur de Sonora y Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.

Las referidas instituciones deberán formalizar el convenio de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social a los trabajadores a su servicio, destaca uno de los considerandos del Decreto que presentaron en conjunto la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, asociada del Secretario de Gobierno, y los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP.

En la exposición de motivos se establece que en diversas ocasiones, los trabajadores de las mencionadas instituciones de educación superior habían solicitado al Poder Ejecutivo estatal que se constituyera en obligado solidario de dichos organismos públicos del Estado, para que se formalizara el convenio con el que se les permitiera incorporarse voluntariamente al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Agrega que, en términos del párrafo segundo del Artículo 232 de la Ley del Seguro Social, para lograr la incorporación al IMSS de las personas que prestan sus servicios a las instituciones educativas estatales mencionadas, es necesario que el Poder Ejecutivo estatal cuente con la aprobación del Congreso del Estado para que pueda otorgar como garantía las participaciones federales que correspondan al Estado, a fin de que esté en condiciones de cumplir sus obligaciones con el instituto.

También fue aprobado el Decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Sonora, a efecto de inhibir la conducta de auxilio al crimen organizado y crear un tipo penal de la conducta conocida como atentado contra la seguridad de la comunidad, y se propone una sanción de cuatro a diez años de prisión, además de una multa de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

La CRICP presentó esta iniciativa que surge de la búsqueda de alternativas inhibitorias de la participación de ciudadanos en conductas que auxilien al crimen organizado y atenten contra la seguridad de los habitantes de cualquier población, además contempla excluyentes de responsabilidad para las personas que demuestren haber realizado alguna de las conductas como parte del desempeño habitual de una función periodística.

“Consideramos que con las anteriores precisiones se salvaguarda la protección de derechos humanos, así como el derecho a la información, al tiempo que consolida la conducta de auxilio al crimen organizado o ´halconeo´, como un tipo penal específico”, destaca.

Enseguida aprobó el Pleno el Acuerdo que resuelve que, en ejercicio de la atribución conferida por los artículos 84, 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se aprueba la integración de la diputada María Magdalena Uribe Peña en la Comisión de Administración, en sustitución del diputado Filemón Ortega Quintos.

Otros asuntos de la sesión

En el orden del día siguió la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Salud para el Estado de Sonora y a la Ley de Salud Mental del Estado de Sonora, presentada por la diputada Leticia Calderón Fuentes, con el objeto de que se implementen campañas de información y acciones de prevención de contagios, que se dirijan principalmente a lugares de alta concurrencia, como aeropuertos, centrales de transporte, centrales de abasto, mercados, escuelas, centros comerciales, plazas públicas y centros religiosos.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Salud, misma que junto con la de Asuntos del Trabajo estudiará la presentada por el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano, con proyecto de decreto que reforma el Artículo 35 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para que los familiares derechohabientes gocen por cinco años de la pensión íntegra, y al sexto año la pensión disminuya un diez por ciento hasta llegar a la mitad de la pensión original.

A este punto siguió la presentación de la iniciativa con punto de Acuerdo con el que el diputado Luis Mario Rivera Aguilar propuso exhortar al Director General del Centro Nacional de Control y Energía, CENACE, y al Director de Operación y Planeación del Sistema Interconectado Nacional, SIN, para que proporcionen a esta representación información detallada relativa al “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional con motivo de la epidemia de enfermedad por el virus Sars-cov2 (Covid-19)”. Se aprobó por unanimidad.

En el mismo sentido se aprobó la Iniciativa presentada por la diputada María Magdalena Uribe Peña, con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar a la Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, para que en el uso de sus facultades considere dentro del Plan de Reactivación Económica con motivo de la Pandemia por el COVID-19, una estrategia especial para el turismo en Sonora.

Y para que el Gobierno del Estado y la Secretaría de Economía estatal formulen y ejecuten un plan de reactivación económica en la entidad, en el que se apoye a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los comerciantes, con el objeto de superar paulatinamente los estragos financieros que ha provocado la emergencia sanitaria, la diputada MIroslava Luján López presentó una iniciativa con punto de Acuerdo, mismo que fue aprobado por la asamblea.

El diputado Martín Matrecitos Flores presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, con el objeto de que los ayuntamientos celebren sesiones y éstas se transmitan por las diferentes plataformas tecnológicas, lo que permitirá que continúen sus funciones y se proteja la salud de sus integrantes. Se aprobó por unanimidad.

En el orden del día siguió la presentación del proyecto de Ley que declara las fechas cívicas del Estado de Sonora, una nueva normatividad que propone darle mayor realce a la celebración de aquellas fechas cívicas que se han declarado formalmente como importantes en el Estado, en las que se celebran acontecimientos históricos que han incidido de manera importante y trascendente en la historia del Estado.

Al entrar en vigor esta legislación, quedarán abrogadas las siguientes leyes: Ley que declara Día de Luto en el Estado, el 17 de julio; Ley que declara día solemne el 7 de noviembre de cada año; Ley que declara los días estatales de las gestas heroicas de los municipios de Guaymas, Caborca, Ures, Cananea y Nogales.

Los puntos 15, 16 y 17 del orden del día fueron dictámenes presentados por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el primero que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, con el objeto de cambiar la denominación de la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana del Ejecutivo, para quedar como Secretaría Técnica.

Las funciones de atención ciudadana, en lo sucesivo serán responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Desarrollo Social, destaca uno de los considerandos de la dictaminadora, que estudió la iniciativa de la titular del Ejecutivo estatal.

El segundo dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales es con Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo, en ejercicio de las facultades constitucionales que son de su competencia, según lo establece el Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en todas y cada una de sus partes, la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Bienestar.

El tercer dictamen resuelve aprobar la renuncia presentada por la ciudadana Viridiana Dórame Romero, al cargo de Síndica Propietaria del Ayuntamiento de Bavispe, Sonora, y una vez que la ciudadana Gabriela Rodríguez Cervantes, quien fungía como suplente, renunció a ocupar el cargo, se aprobó que la ciudadana Sorayma Peralta Cuevas, regidora propietaria, ejerza las funciones de Síndica Municipal.

En el orden del día siguió la presentación de un informe por parte del diputado Lázaro Espinoza Mendívil, sobre la instalación de la Comisión Especial COVID-19 el pasado 20 de mayo, y posteriormente la diputada María Magdalena Uribe Peña presentó un posicionamiento en relación con las familias y el personal en la primera línea de atención por la emergencia sanitaria en el Estado de Sonora.

La próxima sesión del Pleno se citó para el jueves 28 de mayo, a las 10:00 horas.

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