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  • El breve espacio

Nueva Alianza rechaza presupuesto a la educación

Llama LXII Legislatura a reconsiderar el presupuesto de la Federación 2021 para el sector educativo

La bisagra?

Hermosillo, Son., septiembre 22 de 2020.- A que reconsidere la política presupuestal relativa al sector educativo para el ejercicio fiscal 2021 aprobó exhortar la LXII Legislatura de Sonora a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como a la Gobernadora del Estado, para que el paquete presupuestal del próximo año se sustente en una política económica austera, enfocada en el ahorro del gasto público estatal y que proteja a las familias más vulnerables.

En esta sesión ordinaria se presentaron iniciativas con proyecto de decreto para modificar las leyes Orgánica del Poder Ejecutivo; del Notariado junto con el Código Civil; de Competitividad y Desarrollo Económico; de Desarrollo Rural Sustentable; el Código Penal; y otro proyecto para rendir homenaje a las víctimas de la pandemia del COVID-19.

También se incluyeron los dictámenes presentados por la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, los cuales se aprobaron por unanimidad y que reforman diversas disposiciones de las leyes de Ingresos y Presupuestos de Ingresos de los ayuntamientos de Arizpe, Huatabampo y Guaymas, Sonora, así como la iniciativa presentada por esta dictaminadora para modificar la Ley 148 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del municipio de Santa Ana, Sonora.

En el desarrollo de la sesión, el Pleno aprobó primeramente la iniciativa con punto de Acuerdo presentada por los diputados Fermín Trujillo Fuentes y Francisco Javier Duarte Flores, mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que reconsidere la política presupuestal relativa al sector educativo para el ejercicio fiscal 2021.

El diputado Duarte Flores expuso que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, la Secretaría de Hacienda prevé destinar 20 millones 597 mil pesos a las escuelas normales, cuando este año se les asignó un total de 461 millones 390 mil pesos, lo que calificó como el recorte más drástico a este rubro en los últimos 16 años.

“Quienes integramos el grupo parlamentario de Nueva Alianza hacemos un llamado a nuestros compañeros legisladores, no solo de este recinto, sino de todas las legislaturas de los estados, a efecto de que unamos esfuerzos y solicitemos a la cámara revisora presupuestal que lleve a cabo las reconsideraciones que resulten necesarias”, expresó.

Propusieron y fue aprobado por mayoría en lo general y en lo particular, que se lleven a cabo las reconsideraciones presupuestales que sean necesarias, con la intención de no menoscabar financieramente al sector educativo del país, de manera que las adecuaciones que se realicen en dicho sector sean con la intención de reforzarlo y brindarle finanzas sólidas y suficientes para hacer frente a la difícil situación económica que se prevé para 2021.

La presentación de esta iniciativa generó la participación de diversos legisladores. La diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada consideró muy preocupante la propuesta presupuestal que hizo el Gobierno Federal para el Estado de Sonora, toda vez que se espera que el próximo sea un año catastrófico en materia económica, en tanto el diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz argumentó que el presupuesto se origina en la caída de los precios del petróleo y la pandemia por el COVID-19, y  no se trata de un recorte sino de un reajuste, aseguró.

Enseguida intervino el diputado Francisco Javier Duarte Flores, quien sostuvo que no ve ni equilibrio ni equidad en el presupuesto federal en materia educativa, pues ha sido un grave error de este país que a la educación nunca se le ha considerado política de Estado, y lamentó que se pretenda desaparecer las escuelas de tiempo completo, ya que esto representaría un retroceso.

También hicieron uso de la voz los diputados Filemón Ortega Quintos, Carlos Navarrete Aguirre y Rodolfo Lizárraga Arellano, con posturas sobre un necesario reajuste a la economía; que no haya derroche en el presupuesto; y que al tratarse de un anteproyecto no significa que así quedará el presupuesto de la Federación para 2021, respectivamente.

Los diputados Fermín Trujillo Fuentes, Gricelda Lorena Soto Almada, Jesús Alonso Montes Piña, Rosa María Mancha Ornelas y Luis Armando Colosio Muñoz, fueron otros de los legisladores que registraron participación en la discusión del punto de Acuerdo, el cual quedó aprobado por mayoría tanto en lo general como en lo particular.

El segundo Acuerdo aprobado resuelve exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal, para que en el marco de la conformación, elaboración y presentación del próximo proyecto de presupuesto del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2021, implemente, contenga y se sustente en una política económica basada en la austeridad, enfocada en el ahorro del gasto, en la protección de las familias más vulnerables y sin la creación de nuevos impuestos.

El diputado Héctor Raúl Castelo Montaño expuso que todo lo anterior tiene por finalidad obtener un paquete económico estatal con miras a lograr una justicia social y desarrollo equitativo para todos los sonorenses

“Para el caso que nos ocupa, creemos importante que este Congreso se enfoque en alentar la creación de un presupuesto que pueda dar cabida a resultados verdaderos, medibles, cuantificables; es decir, que nuestra función legislativa se enfoque en aprobar un instrumento económico que vaya de acuerdo con las necesidades prioritarias y urgentes de nuestra sociedad; que atienda lo que demanda la situación de nueva normalidad”, aseveró.

El proyecto será acorde con las aspiraciones de recuperación estatal si su modelo de austeridad evita afectar negativamente los derechos sociales y aspiraciones de desarrollo de los sonorenses; enfoca las medidas de ahorro preferente en el gasto corriente no prioritario; conserva la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana; y considera en su elaboración la perspectiva de género, indicó el diputado Castelo Montaño.

“No es posible que en Sonora persistan todavía, contrariando la legislación federal, servidores públicos estatales que perciben sueldos, compensaciones u otros conceptos de pago, mayores a los que recibe el propio Presidente de la República. Para nadie es un secreto que se requiere hacer un ajuste en las dependencias del gobierno que, sin ser sustantivas, ejercen altos gastos en la promoción de autoridades unipersonales, erogaciones onerosas e insensibles en tiempos de alta vulnerabilidad y profundas afectaciones a los ingresos de las familias sonorenses”, aseveró.

Que se ajuste también a la realidad económica y social que prevalece en estos momentos en la entidad, señaló, la cual demanda como nunca que debe ejercerse de forma austera, transparente, responsable, eficiente y eficaz, para hacer frente a la recuperación económica y de la salud en la etapa post pandemia.

Un tercer Acuerdo aprobó la asamblea, a efecto de exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado para que envíe un informe respecto al seguro de responsabilidad civil previsto en el Artículo 316 de la Ley de Hacienda del Estado, que se cumpla lo que establece dicha normatividad y realice una campaña informativa sobre dicho seguro que se incluye en las licencias de conducir.

El diputado Carlos Navarrete Aguirre explicó que el 24 de diciembre de 2019 aprobó el Pleno la referida modificación, la cual quedó de la siguiente manera:

“Para las licencias referidas en el presente artículo, la Secretaría de Hacienda del Estado deberá contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil a favor del titular de la licencia. El monto máximo a cubrir por el importe de la prima total correspondiente no podrá exceder de 600,000 Unidades de Medida y Actualización por un monto de 300,000 licencias vigentes”.

A causa de la contingencia sanitaria y la crisis económica, muchos ciudadanos no han renovado su licencia al no contar con los recursos suficientes, pero de los pocos que sí la han tramitado, son aún más pocos los que cuentan con el beneficio del mencionado seguro, agregó, ya que la Secretaría de Hacienda brinda este servicio como opcional, cuando la Ley de Hacienda establece claramente que está obligada a que el ciudadano cuente con un seguro de daños a terceros.

En el Acuerdo con exhorto se le solicita al Secretario de Hacienda del Gobierno estatal que informe a esta Soberanía sobre el número de licencias de conducir que se han emitido, por primera vez y renovadas este 2020, desglosadas mes por mes; el motivo por el cual no se cumple con lo dispuesto en el Artículo 316 de la Ley de Hacienda estatal; que sin excepción cuenten con póliza de seguro de responsabilidad civil; y que realice una campaña informativa a la ciudadanía sobre dicho beneficio.

Turna Presidencia iniciativas a comisiones 

En esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con el objeto de establecer que los órganos de gobierno de todas las entidades paraestatales puedan llevar a cabo sus sesiones de manera virtual.

El diputado Martín Matrecitos Flores informó que con esta propuesta pretende se le dé continuidad al trabajo que realizan los órganos de gobierno, los cuales actualmente no pueden sesionar de manera virtual y adaptar su trabajo a la nueva normalidad de vida y de trabajo de las instituciones.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales también estudiará una iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Notariado y del Código Civil para el Estado de Sonora.

El diputado Lázaro Espinoza Mendívil expuso que se busca derogar la fracción IX del Artículo 4 de la Ley del Notariado, para que los jueces de primera instancia no ejerzan la función notarial, ya que esto representa una falta a la naturaleza misma de dicho ejercicio, además de que los notarios, bajo ninguna circunstancia deben ejercer un cargo público, y también propusieron dar mayores facultades a los fedatarios en materia testamentaria.

La Comisión de Fomento Económico y Turismo estudiará la iniciativa presentada por el diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico del Estado de Sonora, a efecto de incorporar en esta legislación el Programa CRECE (Centros Regionales para la Competitividad Empresarial).

Indicó que dicho programa ha sido un exitoso mecanismo instrumentado por el Gobierno de México, en coordinación con los gobiernos estatales y las organizaciones empresariales, para brindar consultoría de alto valor a las empresas que requieren orientación y planeación estratégica, y en el caso de Sonora puede lograr un mayor acercamiento con las empresas MIPYMES, a fin de tener más conocimiento de ellas, además de promover la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas.

En el siguiente punto del orden del día, la diputada María Magdalena Uribe Peña presentó una iniciativa con proyecto de decreto que aprueba la inscripción con letras doradas en la pared de honor del recinto oficial del Congreso del Estado: “año 2020: en conmemoración de las víctimas de la pandemia del COVID-19”.

Propuso que se rinda homenaje a las víctimas de la pandemia en la sesión inicial de cada mes en lo que resta de 2020, como un homenaje de manera respetuosa y pública para tenerlos presentes en su vocación pública.

“Realmente es una nueva normalidad en la cual debemos estar conscientes a cada momento de los cuidados de nuestra salud y la de los demás, para ello es importante que como legisladores recordemos, principalmente quienes hemos vivido y padecido la enfermedad y el fallecimiento de familiares y amigos, que no los vamos a olvidar; que tendremos presente su recuerdo en este recinto legislativo”, aseveró la diputada Uribe Peña.

La iniciativa se turnó para estudio a las comisiones de Salud y Especial COVID-19, mientras que la Comisión de Fomento Agrícola y Ganadero estudiará una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sonora.

El diputado Luis Mario Rivera Aguilar expuso que, para estar acorde a lo que mandata la legislación general en materia ambiental y de observancia obligatoria para toda la República, es urgente implementar acciones de control y manejo para la erradicación del zacate buffel de la zona rural y urbana, a efecto de eliminar y/o disminuir las amenazas y riesgos causados por esta especie invasora.

Agregó que no puede existir sustentabilidad mientras se promueva y comercialice una especie invasora que genera evidentes secuelas para la estructura y funcionamiento de la flora y fauna local, entre estas la supresión de especies nativas, claves para el ecosistema, el desarrollo e incremento de fuegos, los cuales no son parte de un ecosistema desértico, y la invasión de los campos agrícolas.

En el orden del día siguió la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 294 TER del Código Penal para el Estado de Sonora, por medio del cual el diputado Luis Armando Colosio Muñoz pretende que se agraven las penas para quienes, valiéndose de la indefensión o vulnerabilidad de otra persona, cometan un delito en su contra.

Consideró que la edad hace de los menores y adolescentes un grupo particularmente vulnerable en razón de su invisibilidad jurídica y de su alto grado de dependencia, así como la discapacidad física, sensorial, mental e intelectual o, dicho de otro modo, las capacidades diversas que suponen barreras de acceso al pleno ejercicio de algunos derechos esenciales, como el trabajo o la educación.

También mencionó a las etnias, los migrantes o ex patriados, los refugiados o desplazados, los que viven en pobreza extrema, los adultos mayores, personas enfermas y mujeres embarazadas. Propuso que las penas previstas en el Artículo 294 del Código Penal, que van de prisión de tres a nueve años y de veinte a doscientos días de multa, aumenten en una mitad cuando el delito fuere cometido contra una persona perteneciente a un grupo vulnerable, sea menor de edad o extranjero. Se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Antes de clausurar la sesión y citar para la próxima este jueves 24 de septiembre, a las 10:00 horas y de manera virtual, la diputada Marcia Lorena Camarena Moncada presentó un posicionamiento por el Día Internacional de la Lengua de Señas.

Afirmó que un principio de igualdad se refleja en el compromiso de este Congreso de establecer marcos jurídicos y legislativos adecuados para prevenir y combatir todas las formas de discriminación, y una prueba fue la modificación el año pasado, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para incluir en la transmisión de las sesiones el lenguaje de señas.

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